Distrito Nacional.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra el teniente coronel del Ejército de la República Dominicana Samuel Elías Céspedes Valdez, señalado por estar involucrado en la pérdida de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, en un hecho ocurrido el pasado domingo en el parque Mirador Sur, en Santo Domingo.
La medida cautelar fue dispuesta luego de que el tribunal acogiera la solicitud presentada por el Ministerio Público, el cual argumentó la existencia de elementos suficientes que vinculan al imputado con el hecho investigado. De acuerdo con la decisión judicial, Céspedes Valdez deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras avanzan las diligencias del proceso.
Según el expediente presentado por el órgano acusador, el imputado y la joven mantenían una relación sentimental y se encontraban juntos en el parque Mirador Sur al momento en que se produjo una discusión. Durante ese intercambio, siempre conforme a la versión del Ministerio Público, el oficial utilizó un objeto de fuego tipo corto, del cual se produjo un proyectil que impactó a la joven y provocó su pérdida de existencia en el lugar.
El Ministerio Público indicó que el arresto del imputado se realizó en flagrancia, y que al momento de su detención se le leyeron sus derechos constitucionales, tal como establece la normativa vigente. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias correspondientes para los fines legales de rigor, quedando bajo custodia de las autoridades. Uno de los elementos clave presentados durante la audiencia fue el informe del médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quien realizó el levantamiento del cuerpo de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela. De acuerdo con la certificación forense, la joven presentaba una herida por proyectil, cuya trayectoria fue descrita como incompatible con un hecho accidental, lo que contradice la versión ofrecida por el imputado en las etapas iniciales del proceso. El informe pericial estableció que la trayectoria del impacto refuerza la tesis de que se trató de un hecho de carácter voluntario, aportando así un elemento determinante para sustentar la solicitud de prisión preventiva realizada por la fiscalía. Asimismo, se informó que el objeto de fuego tipo corto fue entregado de manera voluntaria por el imputado y permanece bajo custodia de las autoridades para fines de análisis balístico y otras evaluaciones técnicas.
En cuanto a la calificación jurídica, el Ministerio Público indicó que los hechos encajan dentro de la figura legal de pérdida de existencia de manera voluntaria, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano. Esta calificación fue presentada tomando en cuenta la gravedad del hecho, la naturaleza de las pruebas recabadas y la certificación forense emitida por el INACIF.
Durante la audiencia, la fiscalía también argumentó la necesidad de imponer la prisión preventiva debido al riesgo procesal, señalando que la medida resulta indispensable para garantizar la presencia del imputado durante el proceso, evitar posibles interferencias en la investigación y preservar la integridad de las pruebas y de los testigos vinculados al caso. El tribunal, al valorar los elementos presentados, concluyó que la prisión preventiva por tres meses resulta proporcional y necesaria, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones para esclarecer de manera completa las circunstancias en que ocurrió el hecho registrado en el Mirador Sur.
Con esta decisión, Samuel Elías Céspedes Valdez permanecerá bajo custodia en el centro penitenciario indicado, en tanto avanzan las diligencias judiciales que definirán las próximas etapas del proceso. Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación, y que se continuará actuando conforme a lo establecido por la ley, garantizando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.
El suceso ha generado amplio interés público y reacciones en distintos sectores, mientras familiares y allegados de la joven fallecida esperan que el proceso judicial permita establecer responsabilidades y que se actúe conforme al marco legal vigente en la República Dominicana.
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