El Tribunal Colegiado de Puerto Plata emitió una sentencia condenatoria contra Pablo Andrés Payaso García, conocido como “El Cojo”, tras ser hallado culpable del homicidio de la joven María Elisabeth Reyes Martínez, llamada Lisa, en un caso que generó gran consternación en la provincia.
Como parte de la decisión judicial, el tribunal también ordenó el pago de una indemnización de 2 millones de pesos a favor de los familiares de la víctima, como compensación por los daños ocasionados durante el hecho.
La sentencia se fundamentó en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales establecieron que la madrugada del 21 de septiembre de 2023 el imputado trasladó a la joven a una cabaña, donde ocurrieron los hechos que culminaron con su fallecimiento.
De acuerdo con la acusación, luego del suceso, el imputado abandonó el cuerpo de la joven en una zona rural de San Marcos, situación que impactó profundamente a la comunidad y dio inicio a un proceso investigativo que se extendió por varios meses.
El caso fue llevado ante el tribunal con la participación del Ministerio Público, representado por el magistrado procurador Dr. José Martínez Montan, mientras que la parte querellante contó con la representación legal del abogado Fabio R. García, quienes presentaron los elementos necesarios para sustentar la acusación.
Tras evaluar todas las pruebas y testimonios, los jueces dictaron una condena de 20 años de prisión, pena que deberá cumplir el imputado en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.
La decisión ha sido recibida con alivio por los familiares de la joven y por la comunidad, que durante meses siguió de cerca el desarrollo del caso en busca de justicia.
Este proceso judicial refleja la importancia de la labor investigativa y del sistema de justicia en la República Dominicana, así como el compromiso de las autoridades en esclarecer hechos y establecer responsabilidades conforme a la ley.
Asimismo, el fallo representa un mensaje sobre la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a la prevención de la violencia y a la protección de la vida, aspectos que continúan siendo prioridad en distintas comunidades del país.
Familiares y allegados de la víctima han expresado que, aunque la sentencia no borra el dolor por la pérdida, sí constituye un paso importante en el proceso de cierre legal del caso.
Mientras tanto, las autoridades reiteran la importancia de continuar promoviendo entornos seguros y mecanismos de denuncia que permitan actuar de manera oportuna ante cualquier situación de riesgo.
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