La entrada en vigor de la Ley 74-25 marca la transformación más profunda en la justicia penal dominicana tras sustituir el Código Penal de 1884.
Por lo tanto, la promulgación realizada por el presidente Luis Abinader moderniza el marco regulatorio nacional mediante la incorporación de más de setenta delitos.
Sin duda, la adición del femicidio, ciberbullying, violencia económica y estafa piramidal fortalece el combate contra las conductas ilícitas de la era digital.
En consecuencia, las autoridades judiciales aplicarán penas de hasta cuarenta años de prisión y un cúmulo máximo de sesenta años por crímenes graves.
Responsabilidad penal corporativa y protección a víctimas
Por consiguiente, las personas jurídicas responderán penalmente cuando sus empleados o directivos cometan actos ilícitos para beneficio de la entidad empresarial.
Asimismo, las sanciones corporativas incluyen multas millonarias, la clausura temporal de operaciones, la disolución definitiva e inhabilitaciones para contratar con el Estado.
Es decir, la normativa crea el registro nacional de agresores sexuales y establece órdenes de protección más efectivas para víctimas de violencia intrafamiliar.
Además, el marco legal introduce programas de reeducación social para los condenados y vigilancia obligatoria posterior al cumplimiento de cada sanción carcelaria.
Proceso de revisión en el Congreso Nacional
Obviamente, actualizar las leyes penales e implementar mecanismos de control eficientes resulta totalmente indispensable para garantizar la seguridad jurídica en el país.
Por lo tanto, los legisladores trabajarán en la modificación de varios artículos controversiales para resguardar la libertad de expresión durante la presente legislatura.
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