El Tribunal Constitucional ordenó a la Policía Nacional pagar RD$2,845,000 a la señora Dulce María Lora Solís por concepto de una nueva astreinte judicial.
Por lo tanto, la sanción acumulada corresponde al retraso en el pago de los montos retroactivos de la pensión acordada a su fallecido esposo oficial.
Sin duda, la decisión de las autoridades judiciales responde al desacato continuado de una sentencia previa que reconoció el rango y sueldos del retirado militar.
En consecuencia, este fallo representa la segunda liquidación económica impuesta contra la institución policial por incumplir con los pagos exigidos por el marco legal.
Retrasos institucionales y derechos sucesorios
Por consiguiente, la cifra fijada por los jueces constitucionales abarca quinientos sesenta y nueve días acumulados de retardo en la ejecución de la sentencia.
Asimismo, la sanción económica fue calculada sobre la base de una penalidad diaria de cinco mil pesos aplicados directamente por el tribunal competente.
Es decir, aunque la institución ajustó la pensión mensual de la viuda, persistió la omisión sobre el pago retroactivo correspondiente a años anteriores.
Además, los magistrados determinaron que los reincidentes atrasos institucionales habilitan legalmente nuevas solicitudes de liquidación de astreinte en favor de la afectada.
Cumplimiento de sentencias y garantías constitucionales
Obviamente, acatar las sentencias de los tribunales de la República y saldar los pasivos laborales resultan totalmente indispensables para salvaguardar el Estado de derecho.
Por lo tanto, la Dirección General de la Policía Nacional deberá tramitar desembolsos inmediatos para saldar la deuda generada y evitar futuras penalizaciones financieras.
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