Santiago.-Abogados de la Defensoría Pública de Santiago, afirman que tras el Recurso de Amparo, para exigir la humanización de la cárcel del Palacio de Justicia, se ha empezado un proceso de cambio.
En relación al tema agregaron que a pesar de que no se ha completado el proceso de las notificaciones a todas las partes envueltas en el fallo del recurso del 17 de abril del 2017, ya se ha iniciado un proceso para cambiar la situación de ignominia en que eran mantenidos los reclusos preventivos.
Según explicaron abogados que han trabajado con el Recurso de Amparo, las autoridades de la Procuraduría han trabajado en el cambio de algunas situaciones que fueron denunciadas por la Defensoría Pública, en la demanda.
“Se han limpiado los espacios, se han creados las condiciones para que los detenidos duerman, se le ha garantizado la alimentación y se ha reducido de manera considerable, la cantidad personas en las celdas”, afirmaron representantes de la Defensoría.
“Una situación importante, es que ya no se están dejando esa cantidad de reclusos en las celdas tanto tiempo, en espera de las audiencias, sino, que ahora se dejan menos tiempo y se prevé que no hayan situaciones de conflictos como ocurría”, explicó la abogada, Yiberty Polanco.
Las acciones de las autoridades de la Procuraduría han devenido, luego que la jueza de la Segunda Sala Penal, del distrito judicial de Santiago, Claribel Mateo, acogió el Recurso de Amparo, incoado por el la Defensoría Pública, en el cual, los actuantes del departamento, reclamaron terminar el hacinamiento de los internos preventivos en las celdas del Palacio de Justicia.
El espacio destinado para los reclusos preventivos en las celdas del Palacio de Justicia de Santiago, tiene una capacidad para alojar un máximo de 65 personas, pero según las denuncias de los representativos de la Defensoría Pública, hubo ocasiones en que los reclusos sumaron 176, entre estos 163 hombres y 13 mujeres.
A esta situación se agregaba el tiempo que tenían que permanecer los prevenidos que eran trasladados desde las cárceles de los pueblos vecinos, para esperar sus respectivos procesos judiciales.
Tras el fallo en favor de la Defensoría Pública, la magistrada dictaminó que las autoridades debían responder a las solicitudes en un plazo de 15 días, no obstante, el proceso inició, sin que se haya completado proceso de las notificaciones, debido a que la condición de precariedad de los espacios.
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