A raíz de que el techo de la emblemática discoteca Jet Set se derrumbara el 8 de abril del 2025, ha surgido de nuevo un debate que se realiza cada año desde hace décadas, el de la aprobación del Código Penal, el cual data desde hace más un siglo y medio.
Aunque anteriormente el aborto, específicamente en sus tres causales que lo permiten hay violación, o si la vida de la madre o del infante está en riesgo, dominaban el debate sobre la aprobación del nuevo Código Penal, esta vez fue otro elemento el que está predominando las discusiones sobre la pieza, el homicidio involuntario.
Y es que nuestro flamante Código Penal establece penas irrisorias en una serie de delitos graves, como el homicidio involuntario, el cual en su artículo 319 establece penas de tres meses a dos años por este delito.
Homicidio involuntario es lo que establece el Ministerio Público que los propietarios del Jet Set cometieron con el derrumbe del techo del centro nocturno, en el que 236 personas perdieron la vida.
A raíz de esta tragedia, voces tan pesadas como la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, o los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, han exigido su aprobación.
La procuradora también criticó que el actual Código Penal no contempla herramientas procesales básicas como el concurso ideal de delitos, lo que impide sancionar con mayor rigor a quienes, mediante una sola acción, incurren en varias conductas delictivas.
Participación Ciudadana, el Defensor del Pueblo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, son otras de las importantes organizaciones que han pedido la aprobación de la pieza, pero no se aprueba.
Actualmente el Código Penal, una pieza que fue aprobada en el año 1884, está siendo estudiada por una comisión bicameral que encabeza el senador Ramón Rogelio Genao, pero todo apunto a que atravesará problemas para su aprobación, porque el mismo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ha denunciado que “francotiradores” tratan de impedir que el país tenga este código actualizado.
